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Carta de identidad completa

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En México se ha perpetrado un genocidio complejo y continuo a lo largo de más de 50 años. Sostenemos que hay muchos elementos que sustentan esta afirmación, que dicho genocidio sigue en curso y que hay múltiples situaciones que permiten denominarlo como tal.

Nadie sabe a ciencia cierta el número de víctimas de esta atrocidad, porque desafortunadamente en nuestro país prevalecen las prácticas para ocultar y minimizar las cifras. En recuentos oficiales que incluyen a los muertos en la “guerra contra el narco”, los feminicidios, los asesinatos de periodistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes y líderes, militantes y candidatos políticos, sólo en los últimos años se cuentan alrededor de 400 mil víctimas.[1] Sin embargo, en dicha cifra no se tienen en cuenta los muertos por contaminación ambiental, cuya sistematicidad corresponde a decisiones políticas y empresariales dolosas de desregulación ambiental. Tampoco están incluidas las cifras reales de los asesinatos de migrantes, así como la gran cantidad de desaparecidos —más de 40,000— y desplazados por la violencia (ver Anexo 1).

También han quedado invisibilizadas las masacres políticas ocurridas en los últimos 50 años, incluido el ‘68, el halconazo del ’71, Acteal, el Bosque, Aguas Blancas, Tlatlaya, El Charco, Acteal, así como la represión contra la APPO, Atenco, Nochixtlán, Ayotzinapa, etcétera, que implican incontables desapariciones y asesinatos.

Todos estos crímenes son difíciles de identificar como un genocidio porque éste se expande a lo largo de varias décadas y porque los delitos que abarca se ven aislados y desunidos. En la sociedad mexicana se acepta generalmente que vivimos sometidos desde hace años a una política de terror, pero las atrocidades se presentan de manera separada, sus explicaciones son fragmentarias y muchas veces no se señalan las causas profundas. Observar la crueldad de un asesinato, de dos o de cinco, o el descubrimiento de cientos de fosas con restos humanos, no permite aún recomponer la articulación de todo el proceso de agresión: es necesario hacer el esfuerzo crítico por ponerlos en común, por entender su lógica, por articular esos “horrores aislados.”

Respecto de la perpetración de estos crímenes, clasificamos el comportamiento criminal del Estado mexicano, por lo pronto, de dos maneras:[2]

Como típico, esto es, la destrucción de población bajo la forma de matanzas, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos de líderes sociales de distintos sectores, de comunidades campesinas, de comunidades indígenas, donde el responsable —el Estado mexicano a través de sus fuerzas armadas o sus fuerzas de seguridad— actúa al descubierto, como en el caso del ’68.

En segundo lugar, como neoliberal o de fascismo tercerizado, pues los responsables de las masacres se desdibujan al ojo público, lo que torna más compleja la definición del sujeto activo (perpetrador). En este comportamiento, al involucramiento directo del poder estatal —que no desaparece—, se suma un vínculo complejo con la criminalidad organizada, que directa o indirectamente funge como instrumento de políticas represoras del Estado. Se trata de una tercerización de la violencia estatal que convenientemente presenta las atrocidades como hechos explicables sólo por la lucha entre grupos del narcotráfico, cuando en realidad se trata de hechos vinculados a lógicas o ingenierías de despojo, represión social y aniquilación interna.

A partir del sexenio del presidente Felipe Calderón (2006) ya se puede observar una estrategia más clara por parte del Estado de instaurar un “caos sistemático” y una normalización de la violencia, de manera que la violencia que proviene de diversos actores externos (crimen organizado, crimen uniformado, empresarios y gobiernos) penetra en la vida de las comunidades en la forma de conflictos “internos”, con lo cual se borra la identidad de los responsables activos y el sentido territorial y social de tal cúmulo de agresiones.

Además, tenemos las dinámicas de devastación ambiental, ampliamente documentadas en el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos,[3] tras el desmantelamiento de todo el sistema productivo que articulaba la economía mexicana y su re-industrialización exportadora con alto control trasnacional y grave desregulación, que ha producido un altísimo número de muertes y grave destrucción de la salud, lo que, en términos legales, corresponde al Artículo 2, inciso c) de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de las Naciones Unidas,[4] que habla del acto de someter a la población “a condiciones que hayan de acarrear su destrucción.”

Al rastrear las condiciones de posibilidad y las causas de cada elemento de esta barbarie, encontramos un suelo común: el empecinamiento estatal y empresarial por la instauración en México de un proyecto económico de “libre comercio”, que no sólo incumple las leyes y abusa del poder, sino que además aplica verdaderas ingenierías de distorsión institucional y jurídica y así se dota de un marco para cometer injusticias aun cumpliendo con la ley, pues ésta se halla alejada del interés general y desviada hacia intereses privados nacionales y extranjeros. Es lo que ha provocado el neoliberalismo en todo el planeta: las prioridades económicas cancelan el sentido de lo político y del derecho, lo desfiguran para que sirva a su proyecto, van creando antecedentes y rutas que conducen a que resulte imposible el acceso del pueblo a la justicia. De acuerdo con esta lógica, hagamos lo que hagamos, nunca se tiene acceso a la justicia, y quienes reclaman se juegan en ello la vida.

¿Por qué genocidio?

En concordancia con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de las Naciones Unidas, también vigente en México, y con el artículo 149 Bis del Código Penal Federal,[5] genocidio se define como aquellos “actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal.” La dificultad de esta figura jurídica estriba en que obliga a probar la intencionalidad de destrucción de la identidad del grupo en cuestión por parte de los perpetradores. Ello exige que los movimientos sociales, las víctimas sobrevivientes y la sociedad en general busquemos aclararnos el porqué de la unidad y sistematicidad de las estrategias de ataque de las que somos objeto. Es ésta su diferencia con los crímenes de lesa humanidad, pues en dichos casos sólo se castiga a los responsables sin observar la intencionalidad general de lo ocurrido.

¿Qué identidad es esta? Consideramos que la Revolución de 1910 y la Constitución de 1917 configuran en México una identidad nacional de orden económico-político que se expresa en un sistema jurídico. Dicha identidad se consolida aún más con la obra política de Lázaro Cárdenas.

Sabemos y reivindicamos que México es una nación pluricultural; sin embargo, gracias a la Revolución mexicana, se constituye en nuestro país una cultura política definida por un sistema de derechos sociales y un sujeto de derechos colectivos: el reparto agrario a favor del campesinado, los derechos laborales en favor del proletariado, la educación y la salud públicas en favor de la población toda, etc. Se establecen las bases jurídicas que inauguran una relación potencial entre la sociedad y el Estado que no existía antes. En el caso de México ocurre que todos los grupos reprimidos o masacrados a lo largo de los últimos 50 años han reivindicado la Constitución del ’17 como su elemento de identidad profunda.

La Revolución mexicana retoma las profundas tradiciones comunitarias que brotan de una extraordinaria variedad de pueblos originarios y las reinventa entre los nuevos pueblos, ya no sólo campesinos, sino incluso entre los habitantes de las ciudades. Y no es sino hasta 1992 que el nuevo poder económico y político neoliberal, en aras de una pretendida “modernización” del país en un contexto de globalización, revierte uno de los núcleos identitarios más importantes, al menos formalmente, cuando reforma el artículo 27 constitucional, no sólo para eliminar los candados contra la compra-venta del ejido, sino para desde ahí emprender la destrucción general de todo tipo de tejidos comunitarios entre los habitantes del país. En esta lógica se ubican todos los ajustes y reformas “estructurales” de los últimos sexenios.

Así pues, el genocidio ha tenido la intención de desfigurar y destruir los rasgos identitarios de la población que derivan de los derechos colectivos consagrados en la Constitución de 1917: el salario digno, la estabilidad en el empleo, el derecho a la educación, el derecho a la tierra, el derecho a la salud, el derecho a la libertad de expresión, a la participación política democrática o, incluso, el derecho a la vida, trastocando en general las relaciones entre la sociedad y el Estado.

De modo que las acciones de parte de un nuevo poder económico y político, en todo el curso de su maduración, buscaron durante los últimos cincuenta años, el establecimiento a sangre y fuego de un nuevo “pacto jurídico” que retrocediera al país al mundo que precede a la Revolución de 1910, en el que se restaurase una noción de propiedad para las clases dominantes que no conlleve gravamen, responsabilidad u obligación alguna hacia las demás personas y pueblos originarios que habitan el territorio nacional. No hay más derechos.

La eficacia de dicha transformación es evidente: después de incontables baños de sangre, las instituciones que otrora tenían la misión de garantizar dichos derechos se encuentran destruidas; no sólo sumidas en la ineficacia y el descrédito, sino a menudo vueltas ellas mismas contra los sujetos sociales por cuyo bienestar debían velar: la Secretaría de Educación Pública contra los maestros y la educación integral; la de la Reforma Agraria contra los campesinos; la del Trabajo contra los trabajadores… Nos encontramos con un país destruido, infiltrado por poderosos grupos delincuenciales, en el que se han desmantelado la mayoría de las instituciones, al que se ha contaminado en tierra, agua y aire, y donde han asesinado y siguen asesinando, desapareciendo y despojando a grandes grupos de población.

Por eso consideramos que no basta caracterizar a esta barbarie como crímenes de lesa humanidad; porque hay la intención y la acción sistemática y premeditada dirigida a aniquilar los derechos consagrados en la Constitución de 1917, como la raíz en la cual se cifra y se actualiza la identidad nacional.

Esta es la razón por la que hoy 19 de octubre de 2018, nos constituimos como Red Contra el Genocidio y la Impunidad en México, cuyos ejes son la denuncia, la visibilización, el esclarecimiento de la verdad, la demanda de justicia y de castigo a los perpetradores de genocidio y represión, así como la movilización social que coadyuve a la consecución de dichos ejes.

El objetivo primordial de la red es detener el genocidio continuo contra el pueblo mexicano y la flagrante e indignante violación a los derechos humanos y sociales.

Para tal fin, la construcción de una o múltiples causas alrededor de la figura de genocidio nos parece una estrategia muy potente por varios motivos:

Primero, por la capacidad de condena penal; pues el llevar a los tribunales, juzgar y lograr la condena de los responsables políticos de alguno de estos procesos constituye el mejor sistema de prevención para su continuidad. Los crímenes contra la humanidad son delitos muy diferentes del otro conjunto de delitos. En el delito común, la racionalidad no juega un rol muy importante: alguien que está en una situación muy difícil –social, económica–, no lee el Código Penal para ver qué le puede ocurrir cuando comete un delito; pero, en el caso de delitos de Estado, se trata de delitos profundamente racionales y, por tanto, la impunidad garantiza su reiteración.

Debemos luchar porque exista un costo político y un castigo proporcionales a una acción genocida. La posibilidad de condena hace que cada uno de los posibles perpetradores piense en que puede ser castigado y lo disuade de incurrir en ese tipo de conductas.

A este respecto, saludamos con admiración al movimiento argentino constituido en el “Colectivo Social contra la Impunidad”. Mediante él, la sociedad argentina asumió, en un grado que en realidad es inexistente en muchos otros países, la necesidad de organizar una movilización política frente al poder judicial y ya no sólo frente al poder ejecutivo o legislativo, como es la costumbre predominante. Siguiendo esta estrategia, y apenas con sentencias favorables de sólo una pequeña fracción de los jueces, hasta ahora este Colectivo ha logrado colocar a más de mil cien genocidas en prisión, incluidos cuadros centrales y medios, cuatro jueces y hasta un empresario, mientras continúan en proceso tres mil más. Esto ha cambiado de forma sustantiva el modo de operar del poder judicial en aquel país; queremos iniciar un camino como ése.

En segundo lugar, y tanto o más importante aún, es que dichas causas desatarían un proceso de reflexión colectiva en los movimientos y organizaciones sociales en México, que redoble la labor de romper nuestra dispersión y fragmentación, y nos permita comprender qué es lo que le está pasando a la sociedad mexicana. Este objetivo vale por sí mismo y es aún más vital y potente, pues fuerza al sistema institucional, o bien, a tener que evidenciarse en el sentido de su impunidad absoluta, o bien, a tener que enderezar su funcionamiento y salvaguardar el interés general de la sociedad.

Por supuesto, no dependeremos de las procuradurías ni las fiscalías para que desaten este proceso, pues estos organismos han estado y podrían seguir coludidos con el poder económico-político. Más bien, las organizaciones sociales podemos darnos el trabajo de comprender lo que está ocurriendo y de estructurarnos como querellas colectivas —no particulares, en las que solamente se representa a la víctima directa, cuya presencia está por supuesto, sino representar un movimiento mucho más amplio— que puedan asumir lo que les pasa a otros como parte de lo que nos pasa también a todos, contrarrestando así nuestra propia fragmentación. Evidenciaríamos cómo las masacres del ’68 y ’71, Acteal, San Fernando, Nochixtlán, las masacres del periodo del actual presidente Enrique Peña Nieto y las de otros sexenios, a lo largo de todo el país, no son casos aislados, sino parte de un único proceso político; que todas estas acciones no se explican porque a algún funcionario “se le pasó la mano”, sino que dependen de un proceso de disciplinamiento que busca quebrar la identidad de un pueblo. Nos es urgente entender estas lógicas.

Por ello consideramos fundamental que las organizaciones nacionales emprendamos un proceso de alfabetización jurídica que nos dote de herramientas para actuar en este terreno y podamos así generar nuevos espacios de movilización política. La originalidad de la presente iniciativa no estaría sólo en la unidad de acción de múltiples actores, sino también, y muy especialmente, en la focalización de la actuación hacia el Poder Judicial, que en México nunca se toca y para el cual nunca hay ningún costo político por su complicidad estructural con la impunidad de graves crímenes contra la población.

En el caso del movimiento argentino se ha logrado que haya una gran claridad respecto a los nombres de los jueces responsables de cada caso, las leyes a las que se apelan y los mecanismos jurídicos que se siguen o se dejan de seguir. Los escraches[6] contra jueces que se vuelven cómplices de los genocidios han resultado muy importantes, al punto que jueces han entrado a prisión por su comportamiento corrupto, lo cual favorece un clima que progresivamente obstruye este tipo de comportamientos.

Trabajar en esta nueva dirección ayudaría a deslindar responsabilidades por los agravios sufridos, visibilizaría los procesos reales, las víctimas, los victimarios y las instancias públicas y privadas responsables de estos crímenes. De manera que esta movilización se centraría en crear un alud de casos con los que se cerque y acose a las estructuras de poder jurídico, sentando jurisprudencia y alfabetizándonos como pueblo en lo que en verdad significa el derecho y la justicia.

Antecedentes

Esta iniciativa de lucha no parte de cero. Es en realidad producto de dos grandes esfuerzos. El primero es la sobresaliente y desconocida experiencia del Comité ‘68, quienes ya han llevado un juicio y logrado una condena por genocidio en México. Partiendo del hecho de que el crimen de genocidio está reconocido constitucionalmente, el Comité ‘68 logró una sentencia parcialmente favorable del magistrado José Ángel Mattar Oliva en la que se concluye que sí hubo genocidio y se extiende la orden de aprehensión contra el expresidente Luis Echeverría[7] junto con 64 militares de alto rango. A pesar de esta sentencia, poco después el mismo Poder Judicial denegó todo con el argumento de que, al invocar los tratados internacionales, el movimiento violaba la soberanía nacional e incluso ponía en riesgo el TLCAN (sic). Aun así, lo que el Comité ‘68 logró sienta jurisprudencia internacional, es inédito y muy valioso para la exigencia de justicia de la nación.

El segundo punto de referencia que nos antecede y nos permite plantear este camino de lucha son los resultados que tuvo el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, que sesionó entre 2011 y 2014 sobre la situación de los derechos humanos y sociales en México y donde se acusó y sentenció al Estado por perpetrar un conjunto de crímenes contra el pueblo de México.[8]

El Tribunal reveló la enorme gravedad de lo que acontece en México y que se presenta bajo la forma de una gran dispersión: como si México fuera un conjunto de varios países dentro de uno solo. En cada uno de esos “países” están ocurriendo injusticias no necesariamente iguales, pero cruzadas por algunos elementos comunes, como la persecución política o la destrucción ambiental. El Tribunal ayudó a cobrar conciencia de la magnitud de los hechos, a ver dinámicas más generales y a tratar de articular a las organizaciones, comunidades y movimientos en resistencia. Fueron más de 2,300 las organizaciones que participaron a lo largo de tres años.

Sin embargo, a cuatro años de la Sentencia Final de Capítulo México, mientras los organismos nacionales e internacionales demuestran negligencia frente a la denuncia del propio Tribunal –gracias a los cuantiosos recursos que invierte la diplomacia mexicana para permanentemente disminuir y desconocer la gravedad de las denuncias–, la crisis de los derechos humanos y sociales en México no sólo no ha mejorado, sino que empeoró. La misma clase de acciones que se denunciaron en el Capítulo México se multiplicaron, dada la extraordinaria impunidad para los perpetradores que no enfrentan ninguna consecuencia. El Tribunal mismo cerró en México su Audiencia Final “bajo la sombra de Ayotzinapa”, pues la flagrante y escandalosa desaparición de los 43 estudiantes y el asesinato de seis personas a cuenta del narco-Estado ocurrió exactamente dos meses antes.

Por último, es importante aclarar que con la constitución de esta “Red contra el genocidio y la impunidad en México” no se trata de crear una institución rígida y superior a la cual los distintos miembros nos estaríamos sujetando, sino más bien de crear una instancia de articulación, no de discusión doctrinaria, que mantenga la autonomía plena de cada uno de los grupos que la conforman, en la que no se cuestione la identidad política que cada grupo ha decidido, donde nadie exija nada ni dé autorización a los demás para nada, ni se someta a nadie a ninguna situación que ponga en riesgo la seguridad de sus actividades. Se propone, más bien, a partir de lo que ya está trabajando cada organización, un proceso voluntario de libre articulación en un esfuerzo colectivo que pertenezca y potencie a todos, que visibilice las luchas reales e impostergables, y que tenga como objetivo que las luchas y los esfuerzos no sigan dispersos.

Así iniciamos este camino que sabemos no será fácil ni rápido, pero que consideramos imprescindible para lograr verdad y justicia: elementos esenciales para la reparación del daño a nuestros pueblos, así como para fortalecer la exigencia de presentación de nuestros desaparecidos y honrar a los cientos de miles de personas que a lo largo de nuestra historia reciente han perdido la vida, víctimas de genocidio y represión.

Quienes integramos esta red: sobrevivientes y familiares, organizaciones defensoras de derechos humanos, académicos de múltiples universidades, periodistas, abogados, sacerdotes, asociaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos invitamos a todos aquellos quienes han luchado y siguen pugnando por un México democrático y libre a seguir juntos esta lucha.

Ciudad de México, 19 de octubre de 2018.

Red contra el genocidio y la impunidad en México

 


Anexo 1

Muertes causadas por la violencia estructural en México (1985-2018)

Concepto

Cantidad

Cantidad

Guerra contra el narco (homicidios dolosos) (a)
(1997-ago2018)

355,718

355,718

Masacres (b)

22

 

Asesinatos de género:-----------------------------------------------

 

 

Feminicidios (c ) (1985-2016)

52,210

52,210

Feminicidios (c ) (2017-jun2018)

3,884

3,884

LGTB (d) (2013-2017)

381

381

-----------------------------------------------------------------------------    

Muertos ambientales (e) (2018)

25,000

25,000

Muertes de migrantes (f) (2014-2017)

1,469

1,469

Muertes de migrantes (f) (1990-junio de 2018)

7,000

7,000

Asesinatos de defensores de Derechos Humanos (g)
(2012-2018)

106

106

Asesinato de periodistas (h) (2000-2017)

167

167

Asesinato de sacerdotes (i) (2012-2018)

22

 

Asesinato de sacerdotes (i) (1990-2018)

48

48

Asesinato de militantes y líderes políticos (j)
(sep-2017/jun-2018)

112

112

Desaparecidos (k) (2014/30-abr-2018)

37,435

 

Desplazados internos (m) (2006-2017)

329,917

 

TOTAL

 

446,095

NOTA: Las cifras son de distintas fuentes por lo que puede haber repeticiones, sin embargo, las sumamos con el fin de contar con una cifra total aproximada, porque sabemos que hay un escaso registro de las muertes causadas por la violencia estructural en México.

 

FUENTES:

(a) Secretaría de Gobernación, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva, consultado en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php

(b) “Las masacres que México no olvida”, Telesurtv.net, 2 de octubre de 2017, disponible en: https://www.telesurtv.net/telesuragenda/Las-masacres-mas-impactantes-de-Mexico-20171002-0030.html; “22 masacres en México que continúan impunes”, 29 de noviembre de 2014, consultado en: https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-22-masacres-mexico-continuan-impunes-20141129075936.html; “Historia de las masacres en México en las últimas dos décadas”, Seguridad Nacional Hoy, 14 de noviembre de 2014, consultado en: http://seguridadnacionalhoy.com/historia-de-las-masacres-en-mexico-en-las-ultimas-dos-decadas/

(c) ONU Mujeres, "La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016", citada en David Saúl Vela, “Ocurren en México 7.5 feminicidios al día, revela ONU Mujeres”, El Financiero, 7 de marzo de 2018, consultado en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ocurren-en-mexico-7-5-feminicidi...

(c) Secretaría de Gobernación, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género, Centro Nacional de Información, Información con corte al 31 de diciembre de 2017, consultado en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_del...

(c) Secretaría de Gobernación, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género, Centro Nacional de Información, Información con corte al 30 de junio de 2018, consultado en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_del...

(d) Rocío Muñoz Ledo, “Un país donde te pueden matar… por ser gay”, Aristegui Noticias, 17 de mayo de 2018, consultado en: https://aristeguinoticias.com/1705/kiosko/asesinatos-de-personas-lgbt-en...

(e) "Mueren por contaminación 25 mil personas al año en México: OMS", Redacción SDPnoticias.com, 2 de mayo de 2018, consultado en: https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/05/02/mueren-por-contaminacion...

(f) Organización Internacional de las Migraciones (OIM), Proyecto de Migrantes Desaparecidos, citado en:  Agencia EFE, "El número de inmigrantes muertos al cruzar de México a EEUU aumentó en 2017", 6 de febrero de 2018, consultado en:  https://www.efe.com/efe/america/mexico/el-numero-de-inmigrantes-muertos-...

(f) "Exigen fin a muerte de migrantes con caminata", El Universal, 4 de junio de 2018, consultado en: http://www.eluniversal.com.mx/mundo/exigen-fin-muerte-de-migrantes-con-c...

(g) Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos.

(h) Efrén flores, “La lista de periodistas caídos en 64 años: el sexenio de Calderón es el más letal, le sigue el de EPN”, SinEmbargo, Sección Unidad de datos, 20 de diciembre de 2017, consultado en: http://www.sinembargo.mx/20-12-2017/3360109

(i) Centro Católico Multimedial (CCM), “2018, Violencia sin fin para el sacerdocio mexicano”, 19 Abril, 2018, consultado en: http://ccm.org.mx/2018/04/2018-violencia-sin-fin-sacerdocio-mexicano/

(j) “Elecciones México 2018: 112 políticos asesinados”, Excélsior, 9 de junio de 2018, consultado en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/elecciones-mexico-2018-112-politic...

(k) Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Datos Abiertos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), consultado en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/datos-abiertos.php

(m) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Desplazamiento forzado interno en México, consultado en: http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno-forzado-cifras-2017/

 

 

[1] Cifra provisional, basada en múltiples informes. Consultar Anexo 1.

[2] Entrevista de Luis Hernández Navarro a Daniel Feierstein, “El genocidio mexicano”, en A Contracorriente, 12 de marzo de 2018, disponible en: https://www.rompeviento.tv/?p=43291; Daniel Feierstein, “Cinco lecciones sobre genocidio”, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Wv7Ov2PTdKo&t=189s

[4] ONU, Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, consultada el 11 de octubre de 2018 en: http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Appeal-Ratification-Genocide-FactSheet-SP.PDF.

[6] Acciones de presión que realizan los ciudadanos contra personas del ámbito político, administrativo o militar, que consiste en dar difusión, ante los domicilios particulares de éstas o en cualquier lugar público donde se las identifique, a los abusos cometidos durante su gestión.

[7] Alfredo Mendez Ortiz, “Concluye juez: Echeverría, culpable de matanza en 68”, La Jornada, 19 de julio de 2006, consultado en: http://www.jornada.com.mx/2006/07/19/index.php?section=politica&article=020n1pol

[8] Andrés Barreda Marín (coordinador), Juicio al Estado mexicano por la violencia estructural causada por el libre comercio. Audiencia Final del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos: libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos (12 al 15 de noviembre de 2014). Sentencia, fiscalías y relatorías, México, Editorial Itaca, 2016.